Cabo Rojo – La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas reaccionaron con beneplácito a los datos publicados por Oxford Economics sobre las operaciones y beneficios de los alojamientos independientes mercadeándose a través de la plataforma digital Airbnb. Indicaron que, aunque la información publicada fue cuidadosamente seleccionada, es muy reveladora, y confirma la necesidad imperiosa de reglamentar y fiscalizar este segmento.

Consideran muy positivo ver que estudios independientes continúan corroborando el crecimiento y el impacto económico multimillonario que está teniendo el turismo a través de nuestra Isla, guiados por las nuevas estrategias de mercadeo implantadas por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo.

También les satisface ver cómo cada nuevo estudio independiente valida los datos y recomendaciones que le han provisto, durante nueve años, a los organismos gubernamentales, y ratifica la importancia de registrar y fiscalizar a estos alojamientos.

“Estimados conservadores indican que ya tenemos cerca de 23,000 unidades, las ventas anuales exceden los $500 millones, y la evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones sobrepasa los $100 millones anuales, en adición a los retos que imponen estos negocios sobre la infraestructura y servicios públicos en nuestras comunidades”, señaló Xavier A. Ramírez, presidente de la asociación.

Para la asociación, la prioridad inmediata debe centrarse en hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes y enforzar el registro de estas empresas con la Compañía de Turismo de PR (CTPR), el Municipio donde se encuentran y el Departamento de Hacienda, ya que sobre el 75% son administrados por consolidadores con 20, 30 y hasta 300 unidades.   

El estudio de Abexus Analitics identificó a sobre 22,400 unidades independientes en la isla, y el estudio de Oxford Economics indica que solo Airbnb mercadea sobre 15,000 unidades con 8,000 anfitriones en su plataforma, mientras que la CTPR ha reconocido que solo tiene legalmente registrados algunos 4,700 operadores, aunque sus reglamentos requieren que cada apartamento o casa este registrado.    

Aseguran que con una inversión mínima de $1 millón anual, la CTPR podría mejorar la fiscalización de estos alojamientos, y reducir el que personas inescrupulosas se apropien ilegalmente de entre $10 y $20 millones del impuesto de habitación (Room Tax) y evadan otros $80 millones en pagos y contribuciones reglamentarias anualmente.

“Aun cuando Airbnb, VRBO y Join a Join tienen acuerdos colaborativos con la CTPR, los datos reflejan que la gran mayoría de las unidades que se mercadean en estas plataformas no están legalmente registradas. Podríamos ampliar la base de captación y mejorar la fiscalización con solo exigirle a todas las plataformas digitales y a los agentes de viajes en línea (OTA en inglés) que operan en la Isla, que solo pueden promocionar propiedades que estén registradas y sometan sus planillas y pagos mensuales a la CTPR, tal y como se le requiere a todo hostelero”, añadió Tomás Ramírez, tesorero de la Asociación.

Mencionaron que, en el 2021, los operadores de alojamientos independientes registraron ventas de sobre $500 millones, y tan solo remitieron a la CTPR $23.4 millones del impuesto de habitación colectado, apropiándose ilegalmente de al menos $12 millones de este impuesto.

Los dueños de paradores concurren con las observaciones de Oxford Economics sobre el efecto del turismo en nuestra economía, e invitan a la Compañía de Turismo, la Legislatura, los departamentos de Hacienda y Desarrollo Económico, y a los Municipios a evaluar seriamente el segmento de alojamientos independientes, mientras se reiteran en la disposición de apoyarlos en la implantación de sistemas sencillos y probados con éxito en cientos de otros destinos turísticos para cerrar las brechas que causan estos alojamientos.    

“Reconocemos la importancia de los alojamientos independientes para apoyar el crecimiento de visitantes que estamos recibiendo. Sin embargo, como todo comercio, sus dueños, operadores y las plataformas deben cumplir con nuestras leyes y reglamentos y contribuir equitativamente a mantener y mejorar la infraestructura y servicios públicos que utilizan para operar sus negocios”, concluyó Xavier A. Ramírez.